Reformar la Ley de Amparo entraña una cuestión muy delicada y de grave responsabilidad. Dentro de su normatividad se encausa toda la dinámica jurídica de México en lo que concierne a la esfera controversial. La interpretación jurisprudencial de sus diversas disposiciones ha contribuido a la construcción de nuestro Derecho desde que entró en vigor a partir de enero de 1936. Las diferentes modificaciones perceptivas, que se le han hecho a lo largo de su existencia operativa, la han actualizado en observancia de los reclamos de justicia surgidos de la vida jurídica del país y de sanos propósitos hacia su mejoramiento. Ha sido el instrumento legal para la substanciación de nuestro Juicio de Amparo y para la resolución de los conflictos jurídicos que a través de esta insigne institución se plantean. Su utilidad se ha demostrado durante las seis décadas de su vigencia efectiva. Ha normado la actividad judicial federal en propensión a la defensa de la Construcción, de las garantías del gobernado que ésta proclama y de la protección de los derechos humanos. La justicia en México no podría asegurarse positivamente sin ella. Estas breves consideraciones y otras muchas que harían prolija su exposición, revelan el sumo cuidado que debe tenerse para modificarla. La improvisación, las meras ocurrencias subjetivas, la ostentación pseudo científica, el afán protagónico y la imputación de defectos por los oportunistas desconocedores de su esencia normativa, son factores negativos que no deben operar en ninguna tendencia para mejorarla. Estamos conscientes de que nuestra actual Ley de Amparo, como toda obra humana adolece de imperfecciones que deben subsanarse con el objeto de lograr que el Juicio de Garantías sea mas eficaz en la realidad.
