En julio de 1998 fui convocado por mi colega Mario Pérez Salis, entonces presidente del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal, organismo del que soy miembro, para participar en la preparación de un proyecto de Código Civil de aplicación local únicamente en la entidad. Según me dijo entonces Pérez Salis, su llamamiento era porque la doctora Ingrid Bre Sesma, profesora de Derecho de Familia en la Facultad de Derecho e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la Universidad ciol Autónoma de México, pedía al notariado local sus inquietudes y experiencia en la discipli, particularmente en lo relativo a Derecho sucesorio. Bre debía coordir ese proyecto por haber comprometido sus servicios profesioles para ello con la Asamblea Legislativa
