Instituciones y ciudad, reúne las versiones realizadas de algunos de los trabajos sobre los conflictos de jurisdicción entre el poder local y el gobierno nacional, tan comunes en el siglo XIX. El capítulo I se desarrolla en dos vertientes: la relación entre la autoridad local y la ciudadanía, de un lado, y la disputa acerca del ámbito de competencia entre el ayuntamiento y el gobierno del Distrito, por el otro, a propósito de la seguridad publica. Dos tensiones persistentes en la vida política decimonónica son el tema del capítulo II. Una es la que marca el vínculo entre la población y los poderes constituidos y otra que cruza la relación entre los órganos de autoridad. El conflicto jurisdiccional, tratado desde el ángulo de la fiscalidad, es el tema del capítulo III, el tópico pone de manifiesto varias facetas de éste: una, la disputa entre la autoridad y los contribuyentes y otra, la confrontación de distintas esferas de gobierno. El hospicio de pobres, estudiado en el capítulo IV, se diseñó para controlar a la plebe urbana, acabar con la mendicidad y la vagancia, pero no cumplió con los objetivos que le dieron origen. La crisis revolucionaria de 1910, en particular el problema del abasto durante el ´año del hambre´, catalizó la capacidad de respuesta de las autoridades militares y civiles de la ciudad, según se muestra en el capítulo V. Fue entonces cuando la tirantez de la relación entre los comerciantes de alimentos y la población capitalina de escasos recursos se hizo más patente. El capítulo VI, valora los efectos que para la concepción sobre la enfermedad tuvo la introducción de la estadística medica. Los lagos en particular el de Texcoco, fueron vistos como la fuente de las emanaciones que asolaban la ciudad. La disciplina estadística ofreció el veredicto. La resistencia a las instituciones ´de control´ provino de una sociedad difícil de hacer y de instituciones tradicionales como la familia, como ilustra el capítulo VII. La ineficiencia estatal y la falta de recursos hicieron el resto. El ultimo capítulo destaca cómo la comunidad definió vocablos y fijó pautas de conducta y de negociación con los delincuentes que la asediaban. El término ´ratero´ se aplico a los ladrones que provenían de fuera de ella. El robo alcanzó dentro de la percepción social el nivel de un oficio sujeto a reglas de aprendizaje y jerarquizado dentro de un gremio o ´escuela del crimen´. Con el concurso de los órganos de autoridad, y muchas veces prescindiendo de ellos, se pactaron las formas de resarcir los daños. La compensación a las víctimas y no el castigo a los responsables fue el propósito principal de la acción comunitaria. La intervención estatal alteró este patrón al segregar a los delincuentes de la sociedad. La cárcel, en particular las islas Marías, se convirtió en la nueva ´Universidad del crimen´.
