La reforma constitucional del 18 de junio del año 2008 significa para México un momento clave en la justicia penal. La transformación normativa que de manera paulatina se está presentando a partir de ésta, obliga a la capacitación de los operadores del sistema, como jueces, ministerios públicos, policías, defensores, peritos, etcétera; así como a la inmersión de los doctrinarios nacionales en las particularidades que representa; todo lo cual influye de manera fundamental en el proceso de administración del cambio, el contexto social, político, económico y, particularmente, delictivo del país. Como parte medular del nuevo esquema procedimental, el Constituyente Permanente, conocedor de la necesidad de que existan medidas cautelares garantes ante el reto de la necesidad de subsistencia para el éxito de ius puniendi estatal, fija este tipo de instrumentos procesales con características que combinan dos factores: por un lado, todo proceso con las debidas garantías se desarrolla siguiendo determinadas normas de procedimiento, por lo que tiene una duración temporal; y por otro, la actitud de la persona a la que afecta el proceso, ya que si es culpable o así se siente, su tendencia natural le llevará a realizar actos que dificulten o impidan que el proceso penal cumpla su fin. Por ello, en el Pacto Federal se faculta al órgano jurisdiccional para que adopte determinadas precauciones para asegurar que puedan realizarse adecuadamente los diversos actos que conforman el proceso, para que al término del mismo la sentencia que se dicte sea plenamente eficaz en su ejecución. Partiendo de las anteriores ideas, esta investigación contiene reflexiones relacionadas con este tópico de la doctrina mexicana de gran relevancia por el importante aporte que realiza para asegurar el éxito en el procedimiento penal. Se trata de un estudio completo de las medidas cautelares en el sistema de justicia penal mexicano, ad hoc a la época de transición que vive México, ese trance del sistema mixto tradicional al acusatorio, adversarial y oral.
