Al concebirse el Derecho como el conjunto de normas de conducta de carácter imperativo, que tiene como finalidad armonizar y hacer posible la convivencia del hombre en sociedad mediante la regulación de sus relaciones en todos los órdenes, se advierte que constituye una ciencia que gira sobre un factor o concepto de fundamental importancia: el de la persona. En ese contexto, cabe señalar que la palabra persona, de su campo primitivo (que data de una época anterior al cristianismo) , que lo era el del arte teatral y escénico con la que se identificaba a la máscara o careta que el actor empleaba para caracterizar un personaje-, al trasladarse al mundo del derecho -para indicar el papel que se representa en la vida social-, adquiere una distinta y gran significación jurídica: la de un centro ideal de imputación de deberes y derechos, la de un término para designar a un ente del género humano, o bien, moral o ideal, como titular de sus propios atributos. A partir de ese entonces, por persona se entiende un ente físico o moral, con aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, titular de sus propios atributos, las consecuencias que derivan de esa personalidad jurídica reconocida por el derecho objetivo a individuos humanos y entidades ficticias colectivas o morales conforme se destaca, se traducen en una titularidad respecto de los atributos que poseen en forma individual, que lo son: la capacidad, el patrimonio, el domicilio, la nacionalidad, el nombre y el estado civil para las personas físicas y la razón o la denominación sociales para las morales. Al dividirse el derecho en esas dos grandes categorías de público y privado, y a su vez éstas en diversas ramas, debe admitirse que el derecho primario, común o de gentes, o sea, el derecho civil, es el conjunto normativo que contiene los principios y bases fundamen tales relativos al reconocimiento de esa calidad jurídica de personas, otorgada a los seres humanos ya los entes morales.
